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La Argentina es una nación hiperpolitizada. Hablamos de política con amigos, con familiares, en el taxi, en las redes. No hay persona que sea ajena a lo que sucede, que no esté informada, que no festeje o se preocupe por el rumbo del nuevo gobierno. Mi abuelo recordaba un chiste de su infancia: “¿Qué hacen dos armenios cuando se juntan? Fundan tres partidos políticos”. Los argentinos fundamos cuatro, disolvemos uno, intervenimos otro y vemos cómo los restantes dos negocian entre sí.
También tenemos la experiencia -o el cinismo- suficiente para atribuir valor a determinadas medidas en función de su emisor, ya sea presente o pasado. Por ejemplo, en nuestra historia reciente el déficit fiscal se asocia a gobiernos más intervencionistas. Por lo tanto, muchos concluyen que el orden fiscal “es de derecha”. Ese maniqueísmo nos impide encontrar soluciones razonables y sustentables, las cuales caen en la grieta y se pierden de vista.
También cayó en la grieta, hace ya mucho tiempo, la IGJ. Asume un gobierno y adopta cierto tipo de medidas; asume otro, revoca las anteriores tildándolas de absurdas, ante la frustración y la perplejidad de la población. Un organismo que debería ser técnico -y, digámoslo en voz baja, no tan importante-, asume en ocasiones proporciones gigantescas e invade territorios ajenos. En otras ocasiones, desaparece.
Un ejemplo: los requisitos para la inscripción de sociedades extranjeras. El “régimen anual informativo” fue durante muchos años parte el paisaje (gestión Nissen 2003-2015). El extranjero que deseara invertir en Argentina debía, primero, demostrar que tenía cierto tipo de activos fuera del país. En caso contrario, se presumía iure et de iure que era, en realidad, un argentino haciendo trampa. Bajo la gestión de Sergio Brodsky (2015-2019) se quitaron todos esos requisitos, y bajo la nueva gestión Nissen (2019-2023) se reinstauraron. ¿Qué sucederá bajo la gestión Vitolo (2023-…)? Si nos guiamos por el mega DNU y el proyecto de ley ómnibus redactados por el gobierno de Milei, no hace falta pensar demasiado.
No vengo a juzgar la pertinencia de cada una de esas medidas, sino a marcar que la inseguridad jurídica es enemiga de la tan mentada inversión. A ciertas empresas que no cumplían con algunos de los requisitos del régimen anual informativo no las he oído decir “los cumpliremos”, sino “los levantarán”. Es absurdo, y tristemente real.